La puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) comienza a tomar forma definitiva en el país y prepara el terreno para un cambio estructural en las relaciones laborales y el movimiento financiero cotidiano. Diseñado como un mecanismo donde los empleadores integran aportes mensuales para cubrir futuros despidos, el sistema ya cuenta con el visto bueno de los organismos reguladores y avanza hacia su inicio formal programado para el 1° de diciembre de 2026.
Entidades habilitadas para administrar los aportes de las empresas
El registro oficial elaborado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que el esquema arrancará con un total de 121 fondos comunes de inversión (FCI), 2 fideicomisos financieros y 54 sociedades gerentes inscriptas. Estas entidades financieras serán las encargadas directas de custodiar y hacer rendir los aportes que realicen las empresas a través del sistema recaudatorio nacional.
La operatoria cotidiana involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Banco Nación. Cada empleador indicará a qué vehículo registrado desea derivar su aporte mensual correspondiente a la nómina salarial. Durante todo 2027, estas entidades acumularán los recursos económicos provenientes de los sueldos devengados, preparándose para que a partir de enero de 2028 el sistema empiece a pagar de forma efectiva las indemnizaciones laborales a los trabajadores que cesen en sus puestos.
El desafío operativo frente a pagos imprevistos a empleados
Desde la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) explicaron que el mecanismo introduce una dinámica inédita en la gestión del dinero. Habitualmente, quien administra una cuenta de inversión responde al titular que depositó el capital; en este caso, la administradora deberá liquidar los fondos para pagarle directamente a un tercero, que es el trabajador desvinculado, en momentos que no se pueden anticipar con exactitud.
A diferencia de los fondos previsionales tradicionales donde se conoce la fecha estimada de retiro de cada persona, los despidos laborales no siguen un cronograma predeterminado. Por este motivo, los administradores deberán equilibrar carteras de inversión que generen rendimiento pero que mantengan suficiente liquidez inmediata para responder a los cobros diarios sin demoras para los vecinos y trabajadores.
Dónde se invertirá el dinero del fondo laboral
El marco normativo vigente establece pautas muy estrictas sobre los destinos permitidos para colocar el dinero recaudado, priorizando la seguridad y el respaldo financiero:
- Deuda pública nacional: Títulos soberanos como LECAP, BONCAP, bonos ajustados por CER, tasa fija o instrumentos atados a la cotización del dólar, sin un límite máximo de participación dentro de la cartera.
- Títulos de provincias y de la Ciudad de Buenos Aires: Bonos que cuenten con oferta pública y la máxima calificación de riesgo local (AAA), con un tope del 15% del total del fondo y un límite del 5% por distrito.
- Obligaciones Negociables privadas: Títulos corporativos de deuda con calificación de riesgo AAA, hasta un tope del 20% total de la cartera y no más del 10% por compañía emisora.
- Depósitos en el sistema bancario: Colocaciones a plazo fijo o saldos en cuentas a la vista en entidades autorizadas por el Banco Central, con un límite de hasta el 15% por entidad bancaria.
Con estas herramientas, el mercado estima que el sistema administrará cerca de 10.000 millones de dólares en sus primeros cinco años, marcando una etapa de adaptación tanto para los comercios y pymes locales como para los asalariados.