En San Nicolás de los Arroyos las instituciones educativas trabajan en el aula sobre las graves consecuencias legales de las intimidaciones públicas tras los episodios registrados recientemente. La problemática no es aislada, ya que el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Policía Federal Argentina, realiza un seguimiento de estos casos que se replican en distintos puntos del país. Solo en la provincia de Buenos Aires se radicaron 1.000 denuncias por amenazas vertidas en redes sociales, grafitis en baños y carteles con imágenes de armas, según los datos relevados por las autoridades de seguridad provinciales.
La situación en las escuelas nicoleñas, como lo ocurrido en la Escuela de Educación Técnica N.º 4 donde apareció un mensaje intimidatorio en un baño, activó de inmediato protocolos de intervención. Los docentes locales profundizaron en el análisis del Artículo 211 del Código Penal, el cual establece penas de 2 a 6 años de prisión para quien busque infundir temor público. El enfoque pedagógico busca que los menores comprendan que estas acciones, muchas veces motivadas por desafíos virales de plataformas como TikTok, constituyen delitos serios con trazabilidad digital inmediata a través de las direcciones IP.
Embargos y costos operativos para los padres
Ante la repetición de estos hechos, la justicia y el Ejecutivo provincial avanzan en medidas económicas directas contra los adultos responsables de los menores identificados. En distritos como Mar del Plata y Moreno, ya se solicitó que los progenitores afronten los gastos de los operativos policiales y las investigaciones derivadas de las falsas alarmas. El valor de estas multas debe ser establecido por la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, bajo un esquema similar al que se aplica con las amenazas de bomba al 911, donde se calcula el costo de movilización de peritos y fuerzas de seguridad.
La responsabilidad civil de los tutores es un eje central en la nueva estrategia de disuasión para frenar el efecto contagio en el ámbito escolar. Según las normativas vigentes, los padres son considerados co-responsables ante la justicia por los daños y gastos que generen las acciones de sus hijos. Las autoridades educativas locales recalcan que la identificación de los responsables es factible mediante el secuestro de dispositivos electrónicos y el análisis del proceso de viralización, transformando lo que algunos adolescentes consideran una "broma" en un proceso judicial con antecedentes penales y perjuicio patrimonial familiar.