En San Nicolás de los Arroyos y en todo el territorio bonaerense ya se percibe con fuerza el impacto de la crisis económica provincial, marcada por una drástica caída en los recursos coparticipables. Recordemos que según los últimos datos del INDEC en el aglomerado San Nicolás/Villa Constitución la pobreza llegó al 33,8% y es más alta que la media nacional y mayor que en el conurbano bonaerense.
Durante el primer tramo del año, la recaudación nacional sufrió una baja de casi 10 puntos porcentuales por mes, una tendencia que se mantuvo constante durante enero, febrero y marzo sin signos de recuperación. Esta situación afecta de manera crítica a la administración bonaerense, debido a que la coparticipación representa el 80% de su estructura de recaudación. Según datos oficiales de la Gobernación, solo en el mes de febrero esta merma significó un ingreso de $100.000 millones menos para la provincia en comparación con el mismo periodo del año anterior.
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La estructura productiva de la provincia, que tiene en nuestra zona un polo industrial estratégico, muestra signos de un deterioro profundo en sus sectores fundamentales. El Estimador Mensual de Actividad de la provincia (Emapba), sin contabilizar el sector agropecuario, registró una caída del 4,2% entre el año 2023 y enero de este año. Los rubros más afectados fueron la construcción con una baja del 21,4%, la industria con un retroceso del 8,3% y el comercio con una disminución del 7,9%. Estas cifras, presentadas por el gobernador Axel Kicillof en la Casa de Gobierno, exponen la fragilidad del corazón económico provincial frente a un esquema nacional que prioriza otras actividades extractivas en regiones distantes.
Desempleo y cierre de empresas en el territorio bonaerense
El impacto social de estas variables macroeconómicas se traduce directamente en la pérdida de puestos de trabajo y el cese de actividades comerciales e industriales. De los 270.000 puestos de trabajo formales perdidos en los últimos dos años en Argentina, 160.000 pertenecen al territorio bonaerense, lo que representa el 60% del total nacional. Este dato resulta alarmante si se considera que la provincia concentra el 38% de la población del país. Asimismo, el informe oficial detalla que en el periodo evaluado cerraron sus puertas casi 22.000 firmas de diversas dimensiones, lo que agrava la situación del empleo local y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas en ciudades como la nuestra.
Ante este escenario de restricción financiera, el gobierno provincial optó por congelar los gastos no esenciales y postergar los pagos a proveedores para priorizar áreas críticas. La gestión actual sostiene que existe una deuda de $22 billones por transferencias interrumpidas y obras públicas paralizadas por decisión del Gobierno Nacional, lo que motivó la presentación de ocho demandas ante la Corte Suprema. Por el momento, la prioridad absoluta de la administración bonaerense se centra en sostener el pago de salarios, alimentos, seguridad y medicamentos. Si bien el pago de sueldos mensuales está garantizado, el cumplimiento del próximo aguinaldo representa un desafío financiero importante bajo las actuales condiciones de recaudación y transferencia de fondos.