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La preocupación crece entre los afiliados a PAMI tras la denuncia de los médicos de cabecera sobre un recorte del 50% en sus ingresos. Esta situación se originó tras una resolución del Gobierno Nacional, aprobada el pasado 9 de abril, que eliminó ítems fundamentales de facturación como las consultas presenciales y los controles anuales. Al integrar estos montos en una suma fija dentro de la cápita, los profesionales perciben actualmente una cifra que consideran insuficiente para sostener la operatividad de sus consultorios y la atención de calidad hacia los adultos mayores
.Los profesionales del sector explicaron que el pago actual por cada afiliado en su padrón asciende a 2.100 pesos, una cifra que el presidente de la Asociación de Médicos de Cabecera del PAMI, Jorge Bucheri, calificó como "insostenible". Según los datos proporcionados por la mencionada asociación, este monto debe cubrir no solo el honorario médico, sino también los costos fijos de mantenimiento que incluyen alquileres, servicios de internet para la carga de recetas digitales y salarios de secretaría. La pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación actual genera un escenario donde los gastos operativos superan, en muchos casos, a la retribución percibida por el organismo estatal.
Riesgo en la atención y posibles renuncias masivas
La falta de una estructura salarial digna pone en jaque la continuidad del servicio básico de salud, que incluye la emisión de recetas, órdenes para estudios de alta complejidad y derivaciones a especialistas. En San Nicolás y el resto de la provincia, los médicos advierten que, de no revertirse esta medida, se producirá un vaciado de profesionales en la obra social, ya que muchos se verán forzados a presentar sus renuncias para volcarse exclusivamente a la actividad privada. Esta crisis es calificada por los protagonistas como inédita, superando incluso los conflictos registrados en el año 2001, dado que en esta oportunidad no se trata de una demora en los pagos, sino de una reducción nominal de los honorarios.
Tras cumplirse una medida de fuerza de 72 horas a nivel nacional con un alto acatamiento, el sector médico se mantiene en estado de alerta y asamblea permanente a la espera de una respuesta oficial del Gobierno Nacional. La comunidad médica local remarca que el sistema preventivo de PAMI depende exclusivamente de la presencia de los médicos de cabecera. Sin una convocatoria inmediata al diálogo que garantice condiciones laborales justas, el conflicto podría escalar con nuevas huelgas que afectarían directamente el acceso a la salud pública de miles de jubilados que dependen de este sistema para su medicación crónica.