La Provincia de Buenos Aires mantiene contra el Gobierno nacional un reclamo ante la Corte Suprema. La demanda exige la restitución de los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) adeuda al Instituto de Previsión Social (IPS). El conflicto se originó tras la firma del DNU 280/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional suspendió las transferencias destinadas a cubrir los déficits de las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la órbita del Estado nacional.
La presentación judicial busca que se declare la inconstitucionalidad de la norma que interrumpió los giros de recursos. Según los datos oficiales presentados por el Ministerio de Economía bonaerense, la deuda acumulada por este concepto, a valores actualizados, asciende a la suma de $2,2 billones. Este monto forma parte de un reclamo más amplio que incluye otros conceptos adeudados por la gestión central. En la última audiencia, el máximo tribunal otorgó un plazo para que el organismo previsional nacional verifique la documentación técnica remitida por la administración provincial para el cálculo de los montos pendientes.
El impacto económico en las cuentas bonaerenses
Más allá del déficit previsional, el conflicto financiero entre ambas jurisdicciones afecta otras áreas sensibles que tienen impacto directo en los vecinos bonaerenses. El ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, detalló que las deudas totales acumuladas alcanzan los $15,6 billones. Este escenario se agrava si se considera que, desde el inicio de la actual gestión nacional, la pérdida de recursos totales —que incluye la paralización de obras públicas y la caída de la recaudación— llega a los $22,2 billones, de acuerdo con las cifras suministradas por la cartera económica provincial.
La administración bonaerense aguarda ahora que la Corte Suprema de Justicia dicte una medida cautelar que obligue a la Nación a retomar los giros mínimos de subsistencia de manera inmediata. Mientras se resuelve la cuestión de fondo, que podría demorar varios meses, el reclamo incluye también la restitución de partidas vinculadas a la seguridad, el transporte y el incentivo docente. La llegada de estos fondos resulta determinante para el sostenimiento de los servicios públicos y la infraestructura que financia la Provincia en la región.