La Justicia busca determinar si existieron beneficios ilícitos en la compra de dosis. El juez Ariel Lijo ordenó el llamado a indagatoria de la exministra de Salud, Carla Vizzotti, junto a otros 14 implicados, entre los que se encuentran exfuncionarios y empresarios del sector farmacéutico. La medida responde a un pedido directo del fiscal Carlos Stornelli, quien investiga si el Estado Nacional favoreció intencionalmente a determinados laboratorios en detrimento de otras opciones disponibles durante el período 2020-2021. Las audiencias están programadas para comenzar el próximo 19 de mayo y se extenderán hasta septiembre, marcando un hito en la rendición de cuentas sobre la gestión de la emergencia sanitaria.
La hipótesis principal de la fiscalía sostiene que los funcionarios intervinientes habrían direccionado las contrataciones para beneficiar a los proveedores de las vacunas AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik V. Según el dictamen fiscal, esta inclinación hacia ciertos "socios locales" y laboratorios específicos provocó una demora deliberada en las negociaciones con Pfizer, empresa que había ofrecido suministrar dosis en una etapa temprana del brote. El Ministerio Público Fiscal señala que, a pesar de que los contactos con Pfizer iniciaron en julio de 2020, el Gobierno Nacional decidió no avanzar, lo que privó a la población de contar con un stock importante de vacunas con mayor antelación.
El impacto de las demoras en la provisión de dosis
La investigación judicial arrojó datos concretos sobre los plazos de entrega que afectaron el plan de inoculación en las provincias. De acuerdo con los registros del contrato analizados por la fiscalía, los acuerdos con AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm se suscribieron entre el 6 de noviembre de 2020 y el 10 de febrero de 2021. Sin embargo, el ingreso masivo de estas dosis al país ocurrió recién entre marzo y abril de 2021. Según un informe del Ministerio Público Fiscal, esta brecha temporal resultó crítica, ya que se perdió la oportunidad de inmunizar a grupos de riesgo meses antes. Entre los citados a declarar figuran nombres de peso como el empresario Hugo Sigman y exfuncionarios como Cecilia Nicolini y Sonia Tarragona, quienes deberán explicar su rol en la toma de estas decisiones estratégicas.
Para la justicia federal, estas maniobras no representan simples errores administrativos, sino un posible abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal Stornelli fue tajante al afirmar que las demoras registradas en un contexto de emergencia sanitaria global derivaron en un perjuicio directo para la Argentina. Al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y retrasarse el cronograma, la vulnerabilidad social fue mayor. Esta causa busca esclarecer si existió un interés económico particular por encima del bienestar general.