miércoles, 25 de febrero de 2026

Nuevos detalles sobre la contaminación en la barranca. La Justicia detectó herbicidas peligrosos por encima de los límites legales cerca del río

Muestras de suelo contaminado y vista de la barranca afectada por químicos cerca de la planta industrial."

La mancha amarilla situada en la barranca debajo de Atanor podría ser potencialmente peligrosa para la salud

Los informes periciales presentados ante el Juzgado de Ejecución Penal confirmaron que los suelos de la barranca baja contienen Trifluralina, un herbicida de alta toxicidad. Los análisis oficiales arrojaron valores que están muy por encima de los niveles permitidos para áreas de uso recreativo. Este químico es el responsable de la coloración anaranjada en la tierra y representa un riesgo directo, ya que el contacto con este material particulado puede afectar la salud de quienes transitan la zona.


​La Justicia remarcó que la empresa Atanor no cumplió a tiempo con los requerimientos de la autoridad ambiental, lo que obligó a dictar esta medida cautelar de urgencia. En el fallo se destaca que el peligro no es solo por el contacto con el suelo, sino también por la dispersión que genera el viento y el arrastre de los tóxicos hacia el río Paraná cuando llueve. Por este motivo, se le dio a la firma un plazo de solo tres días para presentar un cronograma de remediación definitivo y empezar la limpieza.

​Un punto clave de esta ampliación es que el Ministerio de Ambiente y la Municipalidad deberán trabajar juntos para delimitar el área de resguardo mediante coordenadas precisas. Se busca evitar que el vallado sea insuficiente, ya que la contaminación podría haberse extendido en un radio de 500 metros. La orden judicial es clara: la prioridad absoluta es evitar que las personas, especialmente los menores que juegan en la zona, tengan cualquier tipo de acceso al sector afectado.

​Finalmente, el juez advirtió que si la empresa no coloca la cartelería de peligro y el cercado en el tiempo estipulado, se le aplicarán multas diarias de 100 mil pesos. Además, se pidió la colaboración de la Prefectura Naval Argentina para vigilar la costa y asegurar que nadie rompa el vallado para pescar o bañarse en el río. Esta resolución marca un precedente importante en el control de pasivos ambientales que llevan más de una década sin ser resueltos en nuestra ciudad.

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